El asalto de las mutuas a la sanidad pública

El sindicato LAB hizo público ayer el convenio tipo que ha remitido el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá a las comunidades autónomas con competencias en Sanidad para que cedan a las mutuas la gestión de las contingencias comunes de los trabajadores. De este modo, las mutuas, entidades privadas, pasarían a gestionar no solo las enfermedades laborales sino cualquier otra patología que afecte a los trabajadores, con lo que, en la práctica, se estaría estableciendo un doble circuito sanitario: uno privatizado para la población activa y otro público para las personas inactivas.

El convenio se plantea con el fin de aliviar la carga asistencial y las listas de espera en la sanidad pública, pero, en realidad, lo que hace es privatizar la atención sanitaria. La propuesta no solo deja en manos de las mutuas los aspectos fundamentales del tratamiento, sino que, una vez se haya reducido el volumen de atención en la sanidad pública, esta jamás recuperará la parte que ahora ceda; en el futuro ningún Gobierno será capaz de aumentar la dotación presupuestaria para recuperar el servicio de atención a los trabajadores. Por otro lado, el documento también recoge un cambio de prioridades en la asistencia sanitaria: el objetivo ya no será la recuperación completa del trabajador, bastará con la «más pronta recuperación laboral». La rápida vuelta al tajo determinará la atención y, para ello, la sanidad pública cede la iniciativa sobre tratamientos, bajas y altas, etc. a la mutua. También tendrá acceso a la información de los pacientes, datos que pueden ser usados de manera torticera para, por ejemplo, negar el origen laboral de determinadas enfermedades.

La propuesta gubernamental no solo dejará la salud de trabajadoras y trabajadores a merced de los intereses del capital, sino que además modificará el marco general de la sanidad pública. Resulta poco democrático que el Gobierno de Madrid pretenda llevar a cabo un cambio de semejante envergadura sin informar a la opinión pública y sin debate. Tampoco han hablado los lehendakaris de Nafarroa y la CAV, y sin transparencia la sanidad pública está condenada.

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