El pasado viernes se conoció el aval del Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU a la denuncia de torturas de Raúl Fuentes, la cual los tribunales españoles despacharon sin investigación alguna en 2018, alegando que, según el Código Penal, los hechos estaban prescritos. En su dictamen, este órgano de Naciones Unidas reprendió a Madrid por ignorar los «indicios razonables» que sustentan la denuncia de los malos tratos, sufridos en 1991 en la comisaría de la Policía española en Bilbo. Pero el punto más importante de la sentencia lo resumió ayer el abogado suizo Olivier Peter, que ha llevado el caso en el CAT: es la primera vez que se explicita en un caso concreto que los tribunales no pueden declarar prescrito un delito de torturas.

La carga del dictamen, por lo tanto, no es menor, porque establece de forma explícita que el pretexto que la Justicia española emplea para no investigar hoy en día las denuncias de torturas pasadas no se ajusta al derecho internacional y, concretamente, a la Convención contra la Tortura y Otros Malos Tratos, de la que Madrid es firmante. Lo explica pedagógicamente, subrayando que «una de las razones por las que el delito de tortura no debe estar sujeto a prescripción es que la tortura surte efectos permanentes y aceptando la prescripción se privaría a las víctimas de la reparación, la indemnización y la rehabilitación a que tienen derecho». El texto recuerda, además, que la tortura «surte efectos permanentes» y que «para muchas víctimas, el paso del tiempo no atenúa el daño y en algunos casos este puede aumentar».

Si el delito no prescribe, los indicios son razonables y hay policías denunciados, no hay excusa para no reabrir el caso, interrogar a los agentes identificados y llevar la instrucción hasta sus últimas consecuencias. Otra cosa es que a estas alturas nadie espere que el Estado español tome la iniciativa. Olivier Peter se escandalizó ayer ante la evidencia de que los informes del IVAC sobre cerca de 6.000 torturados no hayan servido para abrir ni una sola investigación, muestra de todo el camino que le queda por recorrer al Estado español para reconocer el daño causado y asumir sus consecuencias.