Tres noticias concatenadas estos días reflejan que eso que España denomina «el pasado franquista» sigue siendo presente 42 años y medio después de la muerte del llamado caudillo. En primer lugar, el nuevo Gobierno español parece decidido a sacar al fin los restos del dictador de ese Valle de los Caídos levantado a su mayor gloria; la medida tendrá fuerte simbolismo, aunque técnicamente no suponga más que el cumplimiento de un mandato parlamentario. En paralelo han vuelto al primer plano con nuevos datos las prebendas de que ha disfrutado el torturador franquista Billy el Niño: no solo quedó impune todas estas décadas, sino que el Ministerio confirma ahora que ha disfrutado de cuatro medallas que incrementan un 50% su pensión. Y en tercer lugar, ayer arrancó en Madrid el primer juicio por un caso de bebés robados durante el franquismo, en el que el doctor Eduardo Vela se enfrenta a once años de cárcel; tiene ya 85 años, por lo que puede darse por seguro que, aunque resultara condenado, ya no pisará la cárcel.

La Ley de Memoria Histórica de 2007 se presentó como definitiva para pasar la página del silencio y la impunidad. Pero sus limitaciones eran evidentes desde el inicio y el Ejecutivo Rajoy se jactó de dejarla además sin presupuestos. Y hoy España sigue conviviendo con los fantasmas, algunos aún vivos, que no mandó al vertedero de la Historia.

En Euskal Herria, la batalla contra ese tétrico legado ha tenido mucha más continuidad y otra intensidad, en parte porque por ejemplo la tortura se mantuvo después del franquismo, como reflejó la comparecencia ayer de decenas de víctimas señalando la responsabilidad directa del actual ministro del Interior. La terrible práctica de robar bebés apenas existió o resultó aislada porque el tejido social era más impermeable a la corrupción y la violencia franquistas. Y antes que el Valle de los Caídos fue el Ayuntamiento de EH Bildu en Iruñea el que expulsó a los fascistas Mola y Sanjurjo del Monumento a los Caídos.