La Asociación de Trabajadoras del Hogar  (ATH-ELE) de Bizkaia dio a conocer ayer las estadísticas de 2025 de su consultoría jurídica. Llevan varios años haciéndolo y, ante el vacío estadístico oficial, ofrece la fotografía más real existente sobre la cruda realidad del sector. No es la imagen completa, porque se circunscribe a las trabajadoras que han acudido a la ATH-ELE, pero teniendo en cuenta que fueron un total de 524 a lo largo de todo el año, las cifras dan para formarse una sólida idea de las condiciones en las que trabajan.

Por esperado, no deja de ser destacable, en primer lugar, que el 97,2% de quienes pasaron por la asesoría fueran mujeres. Tampoco sorprende, pero conviene recordar, que solo el 10,1% era de origen estatal. Estas tendencias se acentúan en el caso de las trabajadoras internas. De los 258 casos que llegaron a ATH-ELE, el 99,2% fueron relativos a mujeres, de las que solo el 0,8% eran de origen estatal. De hecho, más de un cuarto (un 27,9%) estaba en una situación administrativa irregular. Mujer, migrante y, a menudo, sin los papeles en regla. Ese es el perfil que facilita unas condiciones laborales dantescas. Unas pinceladas: el 67,5% de las trabajadoras internas que acudieron a la ATH-ELE estuvo a disposición de la parte empleadora más de las 60 horas semanales legales, una cifra que sube al 73,5% en el caso de las trabajadoras en situación administrativa irregular. Solo cuatro de cada diez disfrutaron del descanso semanal marcado por la ley, mientras que seis de cada diez tenían solo dos horas diarias de tiempo libre. El 100% de las trabajadoras internas recibieron salarios menores a los correspondientes por las horas trabajadas. 

Los datos son escandalosos, pero no pueden resultar del todo sorprendentes. La falta de regulación e inspecciones, igual que una Ley de Extranjería que condena a situaciones de irregularidad a miles de trabajadoras, son plenamente funcionales al sistema. Abaratan costes y derivan mano de obra sin otras alternativas a trabajos precarizados. La regularización anunciada la semana pasada por el Gobierno español es un parche urgente y positivo, pero los cambios para poner fin a estas situaciones deben ser estructurales.