La actuación del Ministerio español de Fomento y Adif en torno a la construcción del viaducto de Zaratamo es otro oscuro capítulo, el enésimo, del proyecto de alta velocidad en Euskal Herria. Si bien es grave el hecho de haber dilapidado once millones de euros, con un sobrecoste de tres, en ese viaducto, podría serlo aun más si se confirmase que lo han hecho a pesar de haber descartado previamente la circulación del tren por ese puente debido a su elevado coste.

A la espera del pronunciamiento de la Fiscalía del TSJPV sobre la denuncia que ayer interpuso EH Bildu Contra Fomento y Adif por posible malversación de fondos y prevaricación, sería exigible a quien más empeño ha puesto en la materialización a toda costa del proyecto de alta velocidad en este país una actitud más racional y prudente, más responsable en definitiva, pues debería ser el primer interesado en que se aclare  cualquier irregularidad en esas obras. Sin embargo, el Ejecutivo de Gasteiz dejó ayer claro que «en absoluto» contempla cambio alguno en su planificación de los trabajos del TAV, ni en el caso de que la Fiscalía acepte la demanda de la coalición soberanista, porque la obra de Zarátamo no pertenece al ámbito de responsabilidad del Gobierno Vasco. Una postura que ya adoptó ante la operación policial contra una constructora relacionada con los trabajos del TAV en territorio bajo su administración, al contrario que la Comisión Mixta Congreso-Senado de Madrid, que instó al Tribunal de Cuentas a investigar si en otras líneas, además de la Madrid-Barcelona, pueden haber incurrido en sobrecostes.

El proyecto de TAV es en sí un despropósito, mayor aun por la forma en que se ha acoemtido, hurtando a la ciudadanía no solo el debate, sino también información sobre una infraestructura que conlleva un enorme impacto ambiental y un desmedido coste económico que no ha dejado de crecer. Un despropósito plagado de despropósitos entre los que el que acaba de salir a la luz solo es el último, de momento.