Un bombardeo del Ejército israelí mató a nueve personas, entre ellos tres niños, en Gaza. Así terminó un día en el que la tensión fue creciendo desde que por la mañana la Policía israelí volviera a cargar contra los palestinos en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén dejando más de 300 personas heridas, entre ellas también menores. Por la tarde, una marcha de judíos ultraortodoxos tenía permiso para atravesar la Ciudad Vieja, pero en vista de la elevada tensión, el Gobierno decidió finalmente modificar su ruta, lo que llevó a los convocantes a cancelarla, cuando en la zona ya se habían congregado decenas de judíos. Posteriormente, varios cohetes lanzados desde Gaza hacia Jerusalén hicieron saltar las alarmas y sirvieron de excusa al Ejercito israelí para lanzar una acción militar total y absolutamente injustificada contra la población civil.

La espiral de violencia continúa creciendo desde que hace tres días la Policía israelí disolvió en Jerusalén a manifestantes palestinos que protestaban contra un intento de desalojo de varias familias palestinas de la zona oriental de la ciudad para entregar sus casas a los colonos. En un clima de constante agresión y vejaciones permanentes a los palestinos, cualquier roce puede encender la violencia. Más grave es que, además, Israel goza de impunidad para atacar a los palestinos, requisar sus propiedades, encarcelarlos por nimiedades, en definitiva, violar sus más elementales derechos incumpliendo todas las resoluciones internacionales. Ninguna acción contundente de la comunidad internacional ha frenado estas actuaciones.

En este contexto, el llamamiento de la ONU y la Unión Europea a ambas partes a detener la violencia, como si tuvieran la misma responsabilidad, suena cínico. La comunidad internacional tiene un importante cometido en la resolución del conflicto entre Palestina e Israel, y no puede escudarse en declaraciones equidistantes. Es el momento de defender la vida y los derechos humanos de la población palestina y la legalidad internacional.