La inauguración de la exposición denominada “La victoria de la libertad” en la Ciudadela de Iruñea estaba prevista para el pasado lunes, pero no se llevó a cabo hasta ayer porque no contaba con el permiso pertinente del Ayuntamiento, que había invalidado el acuerdo de la anterior corporación con el Ministerio de Interior español. El motivo es lógico y claro. El gobierno municipal decidió dedicar ese espacio a la creación, y en la exposición de la Policía española no se muestran obras de arte precisamente, sino armas. No se inauguró el lunes, pero sí ayer, con la presencia del ministro español de Interior, merced a una decisión judicial según la cual no existe un interés público que justifique la suspensión del acuerdo del Ayuntamiento en la pasada legislatura.

Por mucho que el juez no lo perciba, claro que existe interés público que exige la retirada de la exposición, y no solo el aducido por el Ayuntamiento. Lo argumentaron ayer personas a las que más directamente afecta la ostentación bélica de ese cuerpo policial por haber padecido su violencia, los familiares de iruindarras muertos, los heridos graves y torturados por policías que ayer pidieron amparo al Defensor del Pueblo. Víctimas de la violencia policial, instrumento de represión pura y dura por causas, además de políticas, sociales. Movilizaciones obreras, ciudadanas, festivas han sido brutalmente reprimidas por ese  cuerpo, en muchas ocasiones con trágico resultado, siempre con total impunidad. ¿Acaso iruindarras como Jose Luis Cano, Germán Rodríguez, Mikel Castillo y Angel Berrueta, así como otras muchas víctimas que padecen las secuelas de esa violencia son ejemplos de esa «victoria de la libertad» aclamada en la Ciudadela?

Indigna que un Gobierno que llega a perseguir a ciudadanos, incluso a cargos públicos, por exhibir símbolos que no son de su agrado, con el argumento de la humillación a las víctimas, realice semejante alarde de desprecio a las víctimas de su Policía y a la sociedad iruindarra.