El día que el ministro de Industria en funciones José Manuel Soria renunció a sus funciones a consecuencia del escándalo por las revelaciones sobre sus empresas en paraísos fiscales, otro nuevo frente se abrió contra la corrupción y la extorsión en el Estado. La policía detuvo a las cúpulas de las asociaciones Manos Limpias y Ausbanc, bajo la acusación de actuar de manera coordinada para extorsionar a bancos y personas vinculadas.

La asociación Manos Limpias es de sobra conocida en Euskal Herria por la persecución a la que ha sometido al independentismo: denuncias sistemáticas contra personas y actuaciones públicas han sido su tarjeta de presentación. Menos conocida es Ausbanc, entidad que se presenta como asociación de usuarios de banca, y que ha sido expulsada dos veces –en 2005 y en 2014– del registro estatal de asociaciones de consumidores por realizar prácticas comerciales incompatibles con sus fines. Tampoco ha sido especialmente difundida la filiación de los presidentes de ambas asociaciones detenidos ayer, que en la década de los ochenta fueron conocidos militantes de grupúsculos ultraderechistas. El trato condescendiente recibido por estas asociaciones –tanto en los medios como en los juzgados– contrasta llamativamente con la resolución que dio a conocer ayer el Juzgado de Azpeitia en relación con la acusación popular en el caso Bidegi. Tras permitir a la asociación Gidari ejercer la acción popular, el Juzgado fija una elevada fianza para cada una de las querellas que investiga «con el fin de evitar el ejercicio perverso» de esta figura por la relevancia pública de los acusados.

Siendo razonable el objetivo perseguido por el Juzgado con esta resolución resulta, sin embargo, desproporcionada la fianza exigida a una asociación ciudadana en un caso que el Juzgado considera verosímil y con posibilidades de prosperar. Flaco favor se hace a la acción ciudadana en la lucha contra la corrupción con estas decisiones, toda vez que los implicados en este tipo de delitos gozan la mayor parte de las veces de relevancia pública y social.