La gran banca española, formada por las seis principales entidades financieras del Estado –Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja–, obtuvieron un beneficio de 6.676,8 millones de euros en el primer trimestre de este año, pulverizando sus propios récords. Esa ganancia supone un incremento del 17,2% respecto al mismo periodo de 2023, y eso que deben pagar casi 1.500 millones del gravamen temporal a la banca que aplica el Gobierno español, medida de justicia social que estos mismos bancos han recurrido. Hay que recordar que ese impuesto especial se aplica a los beneficios excepcionales, gravando un 4,8% los ingresos –margen de interés y comisiones netas– de las entidades que tienen una facturación superior a 800 millones de euros.

Las principales fuentes de estos ingresos extraordinarios son, por un lado, los altos tipos de interés de los créditos y, por otro, una remuneración muy baja por los depósitos. En el primer caso, son las políticas transnacionales en teoría destinadas a controlar la inflación las que están asfixiando a muchas familias, que al encarecimiento de la vida tienen que sumarle el pago de abultadas letras. En el segundo, al pagar mucho menos por los depósitos que muchas entidades europeas, es la usura la que evita que los y las ahorradoras reciban beneficios. La actividad especulativa del holding bancario español no tiene límites. Ayer se supo que el BBVA está estudiando de nuevo su fusión con Banco Sabadell, según confirmó el propio banco en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Otro paso más en la concentración de las entidades financieras. Hablan de libre mercado, pero sus actos espeluznarían a Adam Smith.

Mientras tanto, en general, las entidades bancarias siguen gravando servicios básicos –tarjetas, transferencias, fondos en cuentas…–, dificultando operaciones sencillas –pago de recibos, reclamaciones…– y empeorando su servicio a los clientes –cierre de oficinas, menos personal, peor atención…–, afectando a las finanzas de la gente y las empresas, sin que las administraciones tomen medidas eficaces. El impuesto especial es lo mínimo. Hace falta medidas estructurales.