La promesa del TAV y su posterior interconexión con la alta velocidad hacia Aquitania traía consigo la conformación de un eje ferroviario atlántico, estrechar las relaciones entre las dos orillas del Bidasoa, acelerar la salida de la crisis económica en cuanto que era un tractor para el sector de construcción. Hablaban de una infraestructura esencial que garantizaba desarrollo y prosperidad, en la que este país se jugaba su futuro. Ironías de la vida, la crisis que supuestamente iba a ayudar a dejar atrás ha desinflado la promesa arrojando más luz sobre el probado saqueo que supone para los contribuyentes vascos que pagan a escote el despropósito y van a seguir pagando todavía más.

El TAV es una obra que no ha llegado ni a su mitad y ya ha sobrepasado con creces su presupuesto inicial de 4.178 millones de euros. Y eso sin contar el acceso a las capitales que no está presupuestado, ni las estaciones, los trenes y el mantenimiento. Es manifiestamente una infraestructura deficitaria que hará que el endeudamiento aumente y se agrave, más si cabe, la situación actual. Ahora se ha sabido que Lakua ha gastado 1.129 millones en el TAV que Madrid aún no paga. ¿No financiaba Madrid la obra a través de descuentos en el Cupo? De ninguna manera. Son los ciudadanos con sus impuestos.

Los contribuyentes vascos tienen mejores usos para su dinero que tirarlo por el agujero negro de un proyecto sin un plan de financiación válido, sin conexiones externas aseguradas y con la posibilidad real de que la línea de Gipuzkoa pueda ser la única terminada en medio de la nada. Si los responsables que prometieron el altísimo grado de utilidad y las milagrosas ventajas que el TAV aporta al desarrollo del país y al bienestar de la gente tuvieran una pizca de honestidad intelectual, si tuvieran respeto por sus representados, abandonarían ese proyecto o preguntarían a los ciudadanos si aprueban otro más racional y menos costoso. Saben que eso está en sus manos, pero saben, también, que si fueran preguntados, los votantes lo rechazarían. Porque el país tiene legítimas necesidades de transporte y la gente el derecho a tener prestaciones sociales dignas, nadie debe malgastar el dinero público en frivolidades.