Ayer se conoció el auto de la Audiencia de Bizkaia que desestima los recursos de los acusados en el «caso Cabieces» contra el auto que transformaba las diligencias previas en procedimiento abreviado y abría de este modo la fase de preparación del juicio oral. La sala argumenta de manera contundente los indicios que apuntan a la existencia de un delito de administración desleal y/o apropiación indebida y otro de falsedad documental. El auto enumera detalladamente las evidencias señalando incluso que las motivaciones subjetivas aducidas en su momento no resultan entendibles desde el punto de vista del ejercicio de un cargo de presidente y máximo gestor de dinero ajeno.

El proceso se abrió cuando se hizo público que el ex alto cargo de la «lucha contra ETA» y dirigente del PSE, Mikel Cabieces, había estado recibiendo pagos de Kutxabank por no hacer nada, es decir, que la entidad que privatizó Mario Fernández –y siguiendo las órdenes de éste– había estado pagando por los servicios prestados a un ex alto cargo del Gobierno, con el consiguiente quebranto para la misma y para sus clientes. Desde entonces los acusados han planteado su defensa jurídica y política en los términos que han considerado más convenientes para sus intereses, pero llegados a este punto serán los tribunales los que determinen la existencia o no de delitos penales. Sin embargo, y a la vista del auto y las evidencias que contiene, mejor harían los implicados en empezar a ser honestos y explicar lo que saben de esas prácticas –a todas luces delictivas– que al parecer estaban ampliamente extendidas entre la clase política y los dirigentes de empresas que, de una u otra manera, dependen de instituciones públicas.

Y es que más allá de las responsabilidades personales en el caso, para democratizar la sociedad es necesaria una catarsis que permita poner fin al clientelismo y a los abusos de poder cometidos muchas veces apelando a la razón de Estado. Y en eso, los implicados tienen mucho que contar.