Kontseilua denunció ayer, en la presentación del anuario de 2013, que los ataques al euskara por parte de los estados español y francés son más evidentes, menos disimulados, que nunca. En los últimos meses se han multiplicado los ejemplos de la injerencia estatal en la política lingüística, y entre ellos pueden citarse la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) aprobada por el Ejecutivo del PP, la campaña desatada contra el modelo D en Nafarroa, la denuncia presentada por Madrid contra los criterios lingüísticos fijados por varias localidades guipuzcoanas, la aplicación de la ley Falloux por parte del Gobierno francés, o la actuación del tribunal de administración de Pau contra la ikastola de Hendaia.

Todos estos casos son consecuencia del carácter imperial-chovinista de ambos estados, empecinados en la prevalencia de sus respectivos idiomas aun a costa de vulnerar los derechos de buena parte de sus administrados e incluso de comprometer la pervivencia de lenguas milenarias como es, en este caso, el euskara. El desprecio de las autoridades españolas y francesas viene de serie, pero en algunos casos la actitud oficial va más allá del desaire y se transforma en un odio vesánico a la lengua nacional de los vascos y a lo que representa para este pueblo. Es ese sentimiento el que se esconde detrás de la querella presentada por el Gobierno español, con su delegado Carlos Urquijo como punta de lanza, contra nada menos que 37 municipios por los criterios establecidos en materia de contratación. Lo suyo es una inquina malsana hacia el euskara, no un celo especial en la preservación de sus competencias.

Las agresiones contra el euskara han dejado de ser soterradas y se están llevando a cabo sin ningún pudor, de modo que iniciativas como Euskaraz Bizi Eguna adquieren una especial importancia. Con todo, más allá de la movilización popular, la obtención de un estatus jurídico que permita desarrollar una política lingüística sin intromisiones es un reto urgente e inaplazable.