La petición, hace un mes, de la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Eleanor Sharpston, de que se imponga una multa de 50 millones a las haciendas vascas por motivo de las llamadas vacaciones fiscales, y la más que probable confirmación de la sanción por parte de Bruselas, llega en un momento en que el debate sobre esta materia vuelve a estar encima de la mesa. Y como principal elemento de controversia se encuentra el pacto alcanzado entre PNV, PP y PSE, que estas formaciones han corrido a implantar en los territorios de la CAV y que en Gipuzkoa ha cercenado la vía emprendida por un modelo alternativo que había contado con el acompañamiento de ese último partido hasta su cambio de chaqueta.

Esta coincidencia temporal tiene la virtud de servir como recordatorio de que quienes hace dos décadas, desde su responsabilidad institucional, decidieron acometer una aventura que luego Europa concluyó que era ilegal son los mismos que hace unos meses acordaron las líneas maestras de la fiscalidad de los tres territorios occidentales de nuestro país. Y tanto entonces como ahora, la filosofía que ha guiado sus movimientos es la misma: beneficiar a un sector empresarial que tiene la garantía de que mientras ellos estén al mando de la nave la presión fiscal que se les va a aplicar será ridícula. En el otro lado de la balanza, la gran masa de trabajadores y trabajadoras que garantiza la viabilidad de las cuentas públicas se verá obligada a sostener un mayor peso proporcional en la recaudación total.

Hace veinte años regalaron a 300 empresas un recreo en sus deberes tributarios, y ahora, una vez desactivada esa opción, han llevado a cabo una contrarreforma para limitar los efectos del camino emprendido por la hacienda guipuzcoana. EH Bildu pidió ayer a quienes aprobaron las vacaciones fiscales que asuman su responsabilidad por aquello; sería un paso que asumieran su responsabilidad actual y dejaran de castigar a quienes siempre han cumplido con sus obligaciones.