Tras la propuesta de la Comisión Europea a Gran Bretaña y las declaraciones del primer ministro de ese país al respecto, todo apunta a un acuerdo necesario tanto para Bruselas como para David Cameron en aras a evitar el «brexit» o salida británica de la Unión Europea, toda vez que supondría un impulso a la postura del premier británico, favorable al «sí», ante el referéndum que podría celebrarse en junio. Un referéndum que, en cualquier caso, no deja de ser un saludable ejercicio democrático elemental. La propuesta, cuyo carácter «excepcional» ha subrayado el presidente de la Comisión Europea, recoge reformas en los ámbitos planteados por Londres, entre ellos los relacionados con las políticas monetaria y de inmigración comunitaria.

Al margen de lo cuestionable de los términos de la propuesta, especialmente los relacionados con el recorte de los beneficios sociales a los migrantes comunitarios, cabe incidir en el carácter «excepcional» de la misma. Porque no es sino clara muestra de la capacidad de la UE para implementar mecanismos de integración, sorteando las especificidades y dificultades de sus socios. Pero no es la única muestra, ya que la UE acoge en su seno diversos grupos de estados que o bien no comparten el  euro, o bien están excluidos de la normativa europea en materias como justicia, libertad de circulación por territorio europeo o derechos fundamentales, materias en las que en algunos estados prevalece su legislación sobre la de la Unión.

Es preciso subrayar todos esos mecanismos «excepcionales» frente a las amenazas de exclusión de la UE que periódicamente tienen gran acogida mediática, como las que se vertieron desde Londres, precisamente, en vísperas del referéndum de independencia en Escocia, para intimidar a los partidarios de la independencia. Amenazas que lanza continuamente Madrid, en referencia a Catalunya y Euskal Herria, sobre la exclusión de una UE que adecúa su legislación a sus miembros con tanta facilidad.