Un día después de que el Consejo de Seguridad de la ONU rechazara la propuesta presentada por la Autoridad Palestina y la Liga Árabe para alcanzar «un acuerdo de paz» en 2015, el presidente Mahmud Abbas ha firmado la petición para adherirse a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. En lo que es una extravagancia diplomática, 47 años después de que ese mismo Consejo de Seguridad calificara de inadmisible la ocupación y colonización de Palestina y otros territorios árabes tras la Guerra de los Seis Días, volvía a votar más de lo mismo: a Israel se le permite continuar con la ocupación a toda velocidad y sin reparar en medios, mientras que el derecho de autodeterminación del pueblo palestino camina hacia ninguna parte perdido entre los laberintos de la ONU, en una vía sin recorrido que incluso otorga al sionismo victorias diplomáticas y simbólicas innecesarias.

Podía haberlo hecho antes pero, tras largos meses de obvios ejercicios diplomáticos de inutilidad, es ahora cuando Mahmud Abbas ha tomado la decisión de adherirse a la Corte Penal Internacional que, en teoría, puede perseguir a Israel por sus delitos de genocidio y crímenes de guerra. Sin embargo, este paso no tendrá una repercusión inmediata. El procedimiento es largo y los requisitos necesarios complicados. Lo que sí es seguro es que EEUU e Israel atacarán con sanciones económicas más severas y la tensión aumentará.

Palestina no necesita un esfuerzo de retórica diplomática para reconocer un Estado ficticio sobre un territorio desintegrado. La comunidad internacional no ejerce ni la fracción de presión necesaria sobre Israel, no utiliza las potentes herramientas de que dispone. Así, el voto simbólico, no vinculante e inaplicable por el veto estadounidense parece una pérdida de tiempo. Y los palestinos, tras más de 20 años de negociaciones infructuosas, no parece que tengan el lujo de esperar indefinidamente para tener un Estado.