La reforma de la RGI mira de nuevo hacia la derecha
25/06/2019

Tras un año metida en un cajón del Gobierno de Lakua, la proposición de ley para la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos volverá al Parlamento de Gasteiz. A diferencia de entonces, cuando el Ejecutivo la retiró porque su toma en consideración iba a ser rechazada con los votos de toda la oposición, ahora el Partido Popular va a dar vía libre a su tramitación. La propuesta que se presenta no tiene ningún cambio respecto a la de hace un año. Lo único que ha variado es la voluntad del PP de dejarla avanzar.

Esta maniobra tiene al menos dos lecturas. Una tiene que ver con las alianzas reales que se han dado en las legislaturas de Iñigo Urkullu como lehendakari. Digan lo que digan unos y otros, este Gobierno se ha apoyado constantemente en el PP. Ni a los líderes jelkides ni a los populares les gusta aceptar esta alianza, pero los datos están ahí. En consecuencia, su política ha basculado hacia la derecha y hacia Madrid. No han pasado ni dos semanas de que Alfonso Alonso se mostrase iracundo con el PNV y retador a cuenta de los acuerdos en los consistorios. La realidad vuelve a demostrar que son sus socios preferentes, que tienen gran sintonía en el plano personal, en la forma de entender la política y en las políticas públicas concretas.

La segunda lectura tiene que ver con estas políticas. El PP se ha marcado como uno de sus objetivos decantar hacia la derecha las políticas de inspiración socialdemócrata de las diferentes instituciones vascas. Esto vale entre otras para las inversiones, para las políticas fiscales y para las asistenciales. En el caso de la Renta de Garantía de Ingresos, se ha convertido en el tema a través del que cuela en el debate público sus posturas xenófobas y clasistas, su ideología neoliberal, sus mentiras sobre los pobres y los migrantes. La sociedad vasca le da la espalda al PP una y otra vez en las urnas, pero a través de estos acuerdos con el PNV y el PSE logra influir para mal en las políticas públicas. Y de esta pinza cuelga el Gobierno de Urkullu.

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