La supuesta petición de Confebask al Gobierno español para que abra vías a la ilegalización de los sindicatos ELA y LAB saltó a los medios de comunicación hace dos semanas. Las centrales aseguran haber tenido acceso a un documento interno de la patronal que recoge alegaciones al borrador del Proyecto de Real Decreto sobre Depósito de Estatutos de las Organizaciones Sindicales y Empresariales elaborado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El fin de estas alegaciones sería la expulsión de los sindicatos mayoritarios de Euskal Herria del ámbito de las relaciones laborales. La reacción de la asociación empresarial se ha limitado negar la autoría de dicho documento, sin aclarar sus intenciones respecto al mencionado decreto.

Cada una de estas organizaciones, como no podría ser de otro modo, defiende sus postulados. Unos luchan por confrontar las medidas impuestas por los otros en el ámbito laboral con el principal objetivo de garantizar los beneficios de la empresa. La oposición sindical incomoda a la patronal, más si cabe, en un clima de movilización continua ante la reforma laboral y los recortes en materia social y económica. Pero no sería aceptable, por muy alto que sea el grado de desencuentro, el intento de una de las partes de eliminar del mapa al opositor. Menos aún a través de un ataque cuyo carácter democrático quedaría más que en duda, a pesar de ejecutarlo con la ley en la mano y custodiado por Madrid.

La organización encabezada por Miguel Angel Lujua se siente mucho más cómoda en un escenario donde ninguna figura que combata tajantemente sus planteamientos forme parte del atrezzo. La Mesa de Diálogo Social reunida esta semana es una buena radiografía de ello. No obstante, los compromisos verbalizados por la patronal, el Ejecutivo de Lakua y los sindicatos CCOO y UGT seguramente no recogen la demanda de una amplia mayoría de la clase trabajadora vasca. Un colectivo que, aunque intenten cerrar el cerco, ha de ser agente activo a la hora de abordar la crisis y garante de una sociedad más justa.