El consejero de Hacienda del Gobierno de Lakua Pedro Azpiazu, fue ayer hasta París para presentar el impacto económico, social y medioambiental que han tenido las inversiones financiadas con el Bono Sostenible Euskadi 2018. Un bono que, siempre según el Ejecutivo, ha servido a fines loables, como los recogidos en la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible enunciados por Naciones Unidas. Mucho envoltorio para algo que no es más que un simple préstamo.

Un bono sostenible es a fin de cuentas una forma de endeudamiento en la que se asegura al inversor que, además de recibir un interés por su dinero, este se invertirá en financiar proyectos sociales o medioambientales sostenibles. Azpiazu subrayó el gasto en becas y vivienda, las mejoras en hospitales, equipos médicos y la compra de trenes, entre otras. Nadie duda de que los fondos se hayan dedicado a esos fines y hayan tenido impacto positivo considerando criterios sociales o medioambientales. No obstante, conviene recordar que el presupuesto público es único y que uno de sus principios es el de la universalidad, es decir, que todos los ingresos se destinarán a financiar el conjunto del gasto público. De algún modo, los principios presupuestarios vienen a recordar que la acción política del Gobierno es única y, por tanto, es necesario considerarla en su conjunto. Y para calificarla de sostenible no se pueden subrayar ciertos gastos o inversiones mientras se soslayan otros. Del mismo modo que no es sostenible una empresa que invierte en la conservación de bosques al tiempo que produce armamento, las cuentas públicas vascas distan mucho de ser sostenibles cuando se gastan ingentes recursos en la alta velocidad o en la incineración, por poner dos ejemplos.

La sostenibilidad tiene buena prensa, sirve incluso para vender deuda pública a inversores internacionales. Bienvenida sea, si sirve para mejorar la gestión de unas cuentas públicas cuya sostenibilidad es bastante cuestionable.