El titular de Empleo y Políticas Sociales de Lakua, Juan María Aburto, admitió ayer que Lanbide no presta un servicio de calidad, y asumió que ese organismo debe mejorar en su tarea originaria de intermediación laboral, que en estos momentos se mueve en niveles paupérrimos, demasiado lejos de los están- dares europeos. Bienvenida sea la asunción de la realidad, pero llama la atención que el consejero haya necesitado casi media legislatura para hacerse cargo de la situación cuando, por ejemplo, hace más de un año el Ararteko advertía en su informe de que las quejas por el mal funcionamiento del Servicio Vasco de Empleo se habían triplicado en solo un año y que se habían multiplicado por 31 desde 2010.

Aburto acierta al decir que la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) se ha «comido» a Lanbide, pero eso es algo que usuarios y trabajadores llevan denunciando desde que el anterior Ejecutivo decidiera que esa función pasara de las instituciones locales a un organismo incapaz de asumir una tarea de tal envergadura por falta de recursos. La plantilla insistió por activa y por pasiva en que ese cambio suponía un despropósito inasumible con los medios existentes, y el caos fue total en los meses posteriores a su entrada en vigor, una vorágine que solo ha podido ser sobrellevada gracias al esfuerzo realizado por los empleados. Una labor, por cierto, que no se ha visto correspondida por parte de la Administración, pues hace unos meses el Ejecutivo hizo una propuesta cerrada de Relación de Puestos de Trabajo que implica la pérdida de doscientos empleos e importantes reducciones salariales.

Tres años largos después de la transferencia de las políticas activas de empleo y de la constitución de Lanbide en su actual formato, el balance es desolador. Para hacer de él un servicio público eficaz es urgente repensar el organismo, formular correctamente sus funciones y, sobre todo, dejar de lanzar órdagos a sindicatos y trabajadores, quienes aun lo mantienen en pie.