La siniestralidad laboral ha sido presentada demasiado tiempo como una consecuencia natural e inevitable del hecho de trabajar. Los hechos muestran, por contra, que la mayoría de las muertes, heridas o enfermedades en el tajo son perfectamente evitables, lo que las convierte en totalmente inaceptables. Y más aún cuando se trata de obras públicas, dado el plus de responsabilidad inherente a las instituciones.

Sin embargo, es una realidad notoria que las administraciones apenas se han diferenciado de las empresas privadas a la hora de afrontar esta lacra. Han recurrido a parapetarse tras la misma falsedad de la irremediabilidad, o bien a escurrir el bulto dejando las consecuencias en manos de los tribunales.
Podría pensarse que en Euskal Herria, por las características sociales, existe una mayor sensibilidad y que en consecuencia el problema resulta menor. Pero para nada es así. De hecho, la mayor obra pública realizada jamás en este país, la “Y vasca” del TAV, ya ha deparado seis víctimas mortales en situaciones de clara negligencia. Como reveló GARA hace unas semanas, un trabajador ucraniano falleció en 2010 en las obras en Araba porque, según ha declarado un compañero que resultó herido, se les obligaba a destruir los explosivos arrojándolos al fuego. Y otro llegado a Euskal Herria desde Portugal murió al volcar la hormigonera que conducía por un terraplén en Tolosa ¡a las cuatro de la madrugada! Esas seis muertes, por cierto, son casi tantas como las ocho producidas en Brasil durante la construcción de los estadios de la Copa del Mundo de Fútbol y que sí han tenido eco en todo el planeta.

La multa de 1,6 millones de euros impuesta por la Diputación de Gipuzkoa a la UTE de las obras de Deskarga no devolverá la vida a José Ignacio Alkorta, fallecido a los 33 años en el tajo. Ni siquiera debería entenderse como una decisión ejemplarizante. Si acaso, como la prueba de que las instituciones sí pueden hacer algo contra esta sangría continua. Es más, deben hacerlo.