Los datos apoyan regular el acceso a la vivienda

Es pronto para sacar conclusiones tajantes, pero la experiencia navarra con las zonas tensionadas se alinea de momento con lo experimentado en Catalunya, donde llevan más tiempo topando los alquileres. Tras medio año con el sistema regulatorio en marcha, la vicepresidente tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, informó ayer de que en 2025 los precios de los alquileres descendieron un 8,6% en aquellos municipios declarados tensionados, mientras que, en contra de lo que anunciaban los opositores a la Ley, la oferta no se ha hundido, sino que se ha mantenido estable. El año pasado se firmaron 4.202 contratos de alquiler, frente a los 4.174 del ejercicio anterior. Limitar el precio del alquiler no va a arreglar todo el problema de la vivienda, pero está facilitando ya parcialmente el acceso al alquiler en las zonas tensionadas.

Esta realidad pone en evidencia a PNV y PSE, que están retrasando el proceso de aplicación de la Ley en la CAV de forma escandalosa. La escasa voluntad, sobre todo de los jeltzales, queda de manifiesto en el hecho mismo de que sea cada Ayuntamiento el que tenga que tramitar todo lo relativo a las zonas tensionadas –en Nafarroa lo hizo el propio Gobierno para todo el territorio–. La noticia de que Bilbo va a considerar por fin grandes tenedores aquellos que tengan cinco o más inmuebles es positiva, pero también una muestra de las pocas ganas de aplicar las herramientas que la norma estatal ofrece. Se debía haber hecho hace tiempo, porque de este modo se cuadriplica el número de viviendas con alquiler topado.

Eso sí, hecha la ley, hecha la trampa. Alfaro reconoció que los contratos de temporada –no incluidos en la Ley de Vivienda– han crecido del 5% al 11% en un solo año, porque es el modo en el que se esquivan las regulaciones del alquiler. Es urgente tapar ese agujero, pero el funcionamiento positivo de las zonas tensionadas –una medida discreta con un impacto siempre limitado– debiera animar a las instituciones públicas a emprender medidas más contundentes. Porque solo una fuerte regulación del mercado de la vivienda logrará enderezar uno de los grandes problemas sociales de la actualidad.

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