No ha tardado ni un mes el Gobierno foral presidido por Markel Olano en cambiar de opinión en la cuestión de la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI). En tan escaso lapso de tiempo ha pasado de plantear el «rediseño» de la prestación a anunciar su supresión. Tal sucesión de acontecimientos evidencia que todo ha sido la escenificación de una decisión previamente tomada.

Conviene recordar que el AGI se estableció en Gipuzkoa hace ahora cuatro años con el objeto de frenar el efecto que los recortes de prestaciones que impulsó el Gobierno de Patxi López. La AGI simplemente restablecía las condiciones previas a los recortes de la RGI. Si tan importantes son las disfunciones que provoca el mantenimiento de la citada ayuda, bien podría el Gobierno foral haber apelado al ejecutivo de Urkullu para que hubiera restituido los requisitos anteriores a los recortes sociales para acceder a la RGI, lo que hubiera contribuido no solamente al tan altamente valorado equilibrio entre territorios sino que hubiera redundado, asimismo, en una mejora de las condiciones de vida de las personas con menos recursos de nuestra comunidad. En su lugar, el Gobierno foral ha preferido justificar la decisión tergiversando el fin para el que fue creada la ayuda, que no era otro que cubrir las necesidades básicas de las familias sin ingresos suficientes, subrayando ahora la inserción como finalidad. Profundizando en el despropósito, la justificación del Gobierno foral agita asimismo el fantasma del efecto llamada, alineándose de esta manera con la tradición más retrógrada de la derecha xenófoba europea.

El Gobierno del PNV comenzó la legislatura modificando impuestos para dejar exentos parte de los bienes de las personas más ricas de Gipuzkoa. Esta última decisión ahonda en ese modelo de sociedad conservador e insolidario que permite seguir acumulando riqueza a unas pocas personas mientras las desigualdades sociales se disparan.