A la espera de la incierta aprobación el próximo viernes en el Congreso español de los dos decretos acordados ayer por el Consejo de Ministros, a nadie se le escapa que las movilizaciones a raíz del desahucio en Madrid de una anciana no son ajenas al acuerdo y a su alcance. El primer decreto blinda la protección frente a los desahucios hasta 2030, cierra la puerta a los fondos buitre hasta 2028 y prorroga los contratos que vencen antes de 2029; el segundo, que en principio no cuenta con el respaldo de Junts y PNV, se refiere a la renovación automática de los alquileres.

Quienes no están dispuestos a apoyar medida alguna para atajar la crisis de la vivienda, especialmente si ataca a las verdaderas causas del problema, alegan que esas medidas no lo solucionan debido a su complejidad, una complejidad que solo comprende, al parecer, el mercado. Los decretos aprobados ayer por el Consejo de Ministros español no van a solucionar la crisis de la vivienda en el Estado español, pero supondrían importantes pasos, como lo es, por ejemplo, la declaración de zonas tensionadas en Hego Euskal Herria, que debe ser complementada con otras medidas más audaces. Quienes no han sido capaces de levantar un dedo por las familias desahuciadas, por la juventud que ni sueña con acceder a una vivienda, muestran ahora una pulsión solidaria irrefrenable hacia los pequeños propietarios –¿los tenedores de un piso o los de diez? ¿Los de pisos turísticos?–. Es improbable que se estén engañando a sí mismos, pero de muy mal gusto que pretendan engañar a la ciudadanía desviando la atención de las causas del problema señalando el supuesto perjuicio a los pequeños propietarios, que no son la causa de la desbocada dinámica especulativa, si bien se benefician de ella. 

En realidad, quienes consideran poco menos que sacrílego intervenir el mercado también lo consideran poner coto a los fondos buitre, por mucho que eviten aparecer retratados en ese marco. El problema tiene un nombre, se llama especulación desenfrenada, y la solución ha de pasar por la imposibilidad de hacer negocio con los derechos de las personas.