El titular de este editorial no es un trabalenguas, sino el reflejo de la penosa realidad de instancias como el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, el mayor ente fiscalizador de la CAV. El Parlamento de Gasteiz elige hoy a sus siete nuevos miembros en una votación condicionada por el pacto PNV-PSE, por lo que salvo sorpresa tres serán para los jeltzales, dos para el PSE, uno para EH Bildu y uno para el PP. Sobra decir que todos los aspirantes son postulados por las respectivas fuerzas como expertos cualificados y políticamente independientes, pero esto se desploma cuando por ejemplo el PNV apuesta por el recientemente relevado diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao. Un Bilbao, por otra parte, totalmente desacreditado para el cargo tras alardear en Juntas Generales de que conoce manejos turbios con billetes de 500 euros que no tiene intención de desvelar.

En su defensa, el PNV argumentará seguramente que también el hasta ahora presidente, José Ignacio Martínez Churiaque, era un cargo con impulso político (fue postulado por el PP) y fruto de un pacto entre bambalinas (el PSE-PP de la época de Patxi López). Martínez Churiaque se despidió ayer del Parlamento con un contundente rapapolvo a la «laxitud» de los dirigentes públicos en escándalos como el de Hiriko. El pasado año ya tuvo un fuerte encontronazo con los vocales de PSE y PNV a cuenta del asunto de Epsilon, en el que el presidente denunció que el informe fiscalizador había sido cercenado por intereses de partido. Visto todo ello, resulta muy evidente que hay una batalla política soterrada y continua que torpedea su labor.

Sin llegar a extremos como el impresentable caso de José Luis Bilbao, que bien podría acabar además como presidente del TVCP, el modo en que se elige este tipo de instancias tiene que se abordado y corregido cuando antes. Un órgano de control de las cuentas públicas que a su vez está controlado desde los mismos partidos que las aprueban es más un problema que una solución.