Como ocurrió con la absolución de 40 jóvenes independentistas en junio de 2014 o más recientemente con la liberación de quienes protagonizaron el herri harresi de Gasteiz en mayo de 2015, el cierre ayer del proceso a 35 militantes de la izquierda abertzale con una fórmula que no conlleva cumplimientos de cárcel es una estupenda noticia, más aún para un país acostumbrado justo a todo lo contrario. Obviamente, visto el cuadro general no cabe intepretarlo como una prueba de que el Estado español –con su gobierno en funciones– apueste por la justicia transicional para ir cerrando las consecuencias del conflicto, ni de que la Audiencia Nacional haya dejado de ser un tribunal político. Resulta mucho más lógico pensar que la decisión se derive de su propio cálculo de intereses, de sus pros y contras puestos en una balanza. Y en los contras sin duda pesa el coste que la obsesión por los macrojuicios políticos tiene en Euskal Herria para el Estado español (muros populares, grandes movilizaciones como las del pasado sábado, caída electoral continua de PP y PSOE...). Aunque muchas veces no lo parezca, aunque cada avance requiera un gran esfuerzo, aunque el escepticismo esté justificado tantas veces, la tenacidad vasca va abriendo caminos.

Vaciar las cárceles es una necesidad para que Euskal Herria mire al futuro como un país normal y reconciliado. No volver a llenarlas resulta premisa imprescindible para ello, por lo que la noticia de ayer alegra y tranquiliza. Y se convierte además en acicate para seguir perseverando por abrir las rejas y hacerlo cuanto antes. Con la intervención anteayer de Rufi Etxeberria, Sortu ha planteado a EPPK una apuesta «con audacia» por explotar las vías legales; no se trata de una concesión al enemigo, sino de una batalla por arrancarle la resolución del conflicto a la que se resiste, por quitarle de la mano esa bandera abriendo el puño con el que se ha dedicado a golpear. Una apuesta difícil, pero realista, como confirma lo ocurrido ayer en la AN.