La red social Sare vuelve a ser noticia no por su actividad en defensa de los derechos humanos de las personas presas, en el exilio o la deportación, sino por el acoso al que se ve sometida por parte de los diferentes poderes del Estado español. Ayer sin ir más lejos lo fue por un doble motivo. Por una parte, el aplazamiento de la vista de la Audiencia Nacional en la que se iba a tratar la devolución del dinero recaudado por Sare en la manifestación de enero de 2015 al haberse recusado a dos jueces conocidos por su gran afinidad con el PP, y en consecuencia muy poco imparciales para valorar esa actuación de la Guardia Civil. Por otra parte, el recurso del inefable delegado español, Carlos Urquijo, contra una ayuda concedida a Sare para organizar unas jornadas en Gasteiz por ser, al parecer, atentatorias contra la dignidad de las víctimas... aunque haya víctimas entre los intervinientes.

Como subrayaron los portavoces de Sare, el problema no es el dinero o las charlas, sino la actividad en conjunto de esta red que con su permanente denuncia de las vulneraciones de derechos humanos que persisten en Euskal Herria muestra la ausencia de argumentos del Estado español y la absoluta falta de voluntad política para avanzar hacia un escenario de paz y convivencia. El programa de las jornadas de Gasteiz cuya ayuda ha sido recurrida por el delegado del Gobierno presenta una participación amplia y plural que indica que a pesar de los obstáculos la sociedad continúa dando pasos en esa dirección correcta mientras el Estado cuenta cada vez con menos apoyos para mantener su política negacionista y obstruccionista.

El Estado español posee gran cantidad de recursos para seguir con su estrategia de entorpecer esos avances pero, como ocurre en el ajedrez, de poco suele servir enrocarse y atosigar al contrario si este no pierde los nervios. Redoblar los esfuerzos para que se respeten los derechos de las personas presas, exiliadas o deportadas es la mejor respuesta frente a tanto desatino.