La instituciones europeas han hecho público el informe de supervisión posterior al rescate financiero, donde, entre otros aspectos, evalua la evolución del paro juvenil en el Estado español. El lenguaje diplomático trata de equilibrar la valoración y afirma que el desempleo está bajando rápidamente y, al mismo tiempo, admite que sigue siendo elevado, por encima del 21%, siendo especialmente preocupante el juvenil. Reconoce que el grado de cumplimiento de los objetivos del programa de Garantía Juvenil auspiciado por Europa y el Programa de Activación del Empleo oscila entre el 9% y el 17%, porcentajes minúsculos si se equiparan con el número de personas jóvenes desempleadas. Recuerdan que se requieren «esfuerzos» para llegar a más jóvenes.

En este contexto adverso, Mariano Rajoy anunció que propondrá eximir del pago de IRPF a aquellas personas que continúen trabajando más allá de la edad de jubilación, así como a los trabajadores que consigan su primer empleo, durante el primer año de trabajo. Trabajar más tiempo supone un nuevo obstáculo a los jóvenes que buscan un puesto de trabajo. Al Estado, en cambio, le permite ahorrarse una pensión; bien es cierto que con un pequeño coste en la recaudación de la renta. Este tipo de ayudas suele descontarse automáticamente de la nómina, de modo que los jóvenes simplemente verán reducido su sueldo, abaratando todavía más su contratación.

Hacer frente al desempleo juvenil no requiere de medidas efectistas, que además pretenden afianzar la idea de que el problema son los impuestos, cuando en realidad el Estado está a la cola de Europa. Sin recursos no hay estado de bienestar y la administración, como oportunamente recuerda el informe, es incapaz de cumplir hasta los más simples cometidos, como hacer llegar hasta sus destinatarios los programas ya aprobados y financiados. Un impedimento no menor es la falta de voluntad política para un uso eficiente de los escasos recursos con los que cuentan.