Las polémicas declaraciones del viceconsejero de Empleo del Gobierno de Gasteiz, José Andrés Blasco, sobre la utilidad de Lanbide, en cuya gestión, por cierto, tiene una importante responsabilidad, han dejado en evidencia el necesario debate sobre las políticas de empleo. Aunque posteriormente intentó justificar sus palabras, Blasco reconoció sin rubor que a sus hijos «ni se les pasa por la cabeza apuntarse en Lanbide para buscar un empleo, entre otras cosas, porque poco se encuentra ahí». Un mensaje desafortunado que lleva a cuestionar el funcionamiento del servicio público de empleo, más si cabe teniendo en cuenta de quién proviene.

Pero además de desacertado, el discurso del viceconsejero es de una gran irresponsabilidad para con sus funciones. En este punto, cabe recordar que no es la primera vez que un cargo institucional cuestiona la funcionalidad de Lanbide. El propio consejero de Empleo, Angel Toña, lo ha hecho en ocasiones anteriores y se ratificó ayer al señalar que aún hay trabajo por hacer para cubrir las carencias que presenta este servicio. Una tarea para la que han tenido toda una legislatura y que no parece haya sido prioritaria para el Ejecutivo de Iñigo Urkullu. Los datos, sin embargo, vienen constatando la necesidad de activar políticas de empleo que sean realmente eficientes. Ahí están los miles de parados, algunos de ellos de larga duración y que ya no cobran ningún tipo de prestación. O los jóvenes que ante la imposibilidad de lograr un empleo en Euskal Herria se ven en la obligación de emigrar para buscar una oportunidad. La mera existencia de estos colectivos hace inadmisible que uno de los responsables para que cambie su situación haga este tipo de manifestaciones.

Ante situaciones así, es necesario ser escrupuloso tanto en las palabras como en los hechos. Las instituciones deben empatizar con las preocupaciones de la sociedad a la que representan y, por ende, gestionar los servicios públicos de manera eficiente en pos de un país desarrollado.