El testimonio de las víctimas y de sus familiares, junto con el trabajo de las organizaciones dedicadas a los derechos humanos y la memoria, están haciendo posible que los crímenes de Estado y la represión sufrida en Euskal Herria durante las últimas décadas no se borren ni blanqueen. De forma discreta y sostenida, se está realizando una labor muy importante que, aunque lentamente y con muchas trabas, está dando frutos.

En ese sentido, hay instituciones y representantes políticos que están facilitando esos avances en el camino para garantizar la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Es su responsabilidad, sin duda, pero no se inhiben y hay que reconocer esa voluntad de estar a la altura.

Desgraciadamente, otra parte de la clase política vasca y algunas instituciones siguen mirando para otro lado, sin asumir su responsabilidad. No ya en los hechos pasados, sino en la convivencia actual y futura. Los informes oficiales sobre torturas, las versiones falsas sostenidas durante este tiempo o la cantidad de represaliados reflejan políticas inaceptables desde un punto de vista democrático. Si no se reconoce esa realidad, si se actúa con parcialidad, desfachatez o desidia, se abonan una crueldad y un cinismo que terminarán por pasar factura a la sociedad.

Violaciones múltiples y variadas de derechos

La Red de Personas Torturadas informaba el viernes de que el Gobierno de Nafarroa ha reconocido a tres personas más como víctimas de la violencia ejercida por el Estado, dentro del proceso iniciado en abril de este año tras superar muchas trabas.

Entre ellas hay un fallecido: Miguel Iturbide, muerto por disparos de la Guardia Civil en Zugarramurdi cuando solo tenía 16 años. La red recordaba que «la Guardia Civil dijo que era miembro de ETA y le pusieron un arma en las manos». La causa se archivó y los responsables de su muerte nunca fueron condenados. Este crimen se remonta a 1967, lo que supone que la familia Iturbide ha pasado 57 años sin que se le reconozca como víctima.

Las otras dos víctimas reconocidas ahora fueron torturadas. La primera vez que torturaron a Félix Jiménez fue en 1978, al ir a comisaría a «denunciar un ataque fascista contra la sede de LKI». En 1982 le detuvieron en una manifestación y en comisaría le rompieron la nariz. Jiménez denunció y ganó un juicio.

En el caso de Ibai Azkona, fue detenido por la Policía española por orden del entonces juez Fernando Grande-Marlaska. Durante la incomunicación sufrió torturas que denunció delante del ahora ministro del Interior, pero que este menospreció como solía hacer. A diferencia de otros casos, este es reciente, de 2008.

Ayer mismo, en Bilbo, un acto de Egiari Zor recordó la muerte a manos de grupos parapoliciales de Jon Lopategi Carrasco ‘Pantu’ y Tomás Pérez Revilla, hace 45 y 40 años, respectivamente.

En favor de las familias y la sociedad

En términos históricos, no ha habido ejemplaridad alguna en las políticas contrainsurgentes estatales ni hay una conciencia clara de la responsabilidad en esos crímenes. Algunos se han creído sus propias mentiras, mientras otros tapan su mala conciencia. Por el contrario, existe un ventajismo político que queda en evidencia cada vez que se da un paso hacia el reconocimiento de estas víctimas olvidadas.

El desagravio de las víctimas cuyo sufrimiento y humanidad han sido negadas por intereses políticos supone un gran alivio y tiene un efecto sanador para las familias. También tiene consecuencias sociales: mejora la transmisión de la memoria entre generaciones, evita el maniqueísmo, anula ventajas injustas y eleva el debate público. En resumen, garantiza que la auténtica vencedora sea la sociedad vasca.