Tras más de tres semanas, las dos columnas de pensionistas que salieron de Rota y Bilbo llegaron anteayer a Madrid después de hace cientos de kilómetros. Ayer se manifestaron frente al Congreso español para exigir, entre otras cuestiones, que se blinden las pensiones públicas en la Constitución y que se revaloricen en función del IPC real.

El discurso de los jubilados y pensionistas tiene muchos puntos fuertes. Uno de ellos es que lo han ido construyendo a partir de un principio claro: las pensiones no son un gasto sino un derecho. En consecuencia, corresponde a los poderes públicos tomar las medidas necesarias para garantizarlas, ya sea mediante un sistema u otro. Además, van más allá de las cuestiones concretas y establecen un marco más amplio, al señalar las reformas laborales y sus efectos en salarios y cotizaciones como uno de los instrumentos que desvaloriza las pensiones públicas. Algo que acaba de corroborar la OIT al señalar que en el Estado español el 13% de las personas empleadas –con salario– viven en la pobreza. Por último, han enfocado su lucha con una visión de futuro poco frecuente en nuestra sociedad de la inmediatez. Muchas de estas personas reciben pensiones dignas, pero se movilizan por las pensiones de sus hijos e hijas, por un futuro mejor para todas las personas.

Esa visión y el tesón mostrado por pensionistas y jubilados en defensa de lo público es gratificante y contrasta con fuerza con las últimas maniobras del PNV para debilitar lo público suprimiendo impuestos a los ricos. Tanto el diputado de Hacienda de Bizkaia como el Diputado General de Araba se han mostrado partidarios de derogar, de nuevo, el Impuesto sobre Patrimonio y vaciar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La referencia en la que se apoyan son las comunidades españolas de Madrid, Andalucía y Castilla-León, en las que gobiernan PP, Ciudadanos y Vox. Estas potencias retrógradas son un modelo precisamente en traspasar recursos de lo publico a lo privado.