El juicio del sumario 35/02 quedó ayer visto para sentencia, doce años después, fuera del contexto de los hechos, con una instrucción sin fundamento jurídico, sin garantías propias de un debido proceso, inspirado por el cálculo político y basado en criterios ajenos al ámbito judicial. Concluye la farsa, una función circense que con apariencia de legalidad ha supuesto otro capítulo más de una apuesta política sistemática pero fallida, que desde su concepción hace ya varios lustros ha buscado la derrota y la humillación de la izquierda abertzale.

Además de una práctica aberrante y cruel para los encausados y sus allegados, este tipo de procesos son construcciones de un sistema de coerción y persecución contra la comunidad abertzale de izquierdas cuyo objetivo último ha sido vaciarla de la confianza en sí misma, liquidar su voluntad colectiva. Aun con episodios quijotescos, se ha pretendido proyectar una muestra siniestra de poder ilimitado, una expresión de violencia mecanizada, en masa, dirigida contra ese sector social. Puede decirse, de hecho, que prácticamente todos los líderes de la izquierda abertzale han sido juzgados y están o han estado presos. Miles de sus simpatizantes han visto sus legítimas actividades políticas y culturales en el punto de mira, muchos han sido vilipendiados como «terroristas», económicamente asfixiados con millonarias fianzas y todavía pende sobre ellos el peligro de que sus bienes puedan ser confiscados. Este es el resumen de las andanzas de la Justicia española en tierra vasca, una historia que mezcla horror y esperpento.

Pero llegan tarde. Como recordaron los encausados en su alegato final, la sociedad ya les ha otorgado el mayor protagonismo político y la mayor representación institucional de su historia, y su hoja de ruta, inamovible, ha quedado fijada por su base social. Con el objetivo político desactivado, a los promotores del juicio solo les queda el fin último de la venganza. Poco rédito para volver a quedar en evidencia ante el mundo.