Cuatro meses después del 20 de diciembre, en una situación inédita, en el Estado español se confirma el retorno a las urnas. Las idas y vueltas, dimes y diretes, envidos y órdagos, guiños de ojo y faroles, solo han llegado al punto de tener que repartir cartas de nuevo. Resulta fácil pero un tanto ventajista concluir de ello que la innegable crisis estructural del Estado español se agudiza. Es más honesto colegir que el endiablado resultado electoral no ha dejado margen para otra cosa.

Ciertamente, en este tránsito de 125 días se ha probado que hoy por hoy en el Estado no hay relación de fuerzas suficiente para un cambio de fondo, que pasaba por una entente muy inverosímil entre izquierdas españolas y fuerzas partidarias del derecho a decidir. Sin embargo, igual de cierto es que tampoco se ha materializado la tesis extendida que vaticinaba que al final se impondrían las presiones de poderes fácticos –sobre todo económicos– y forzarían una Gran Coalición inmovilista, recentralizadora y capitalista (salvo que esos poderes precisamente hayan preferido una nueva convocatoria que pueda depararles mejor resultado).

El caso es que habrá que volver a las urnas el 26J, y eso deja el panorama abierto a cambios y obliga a ponerse las pilas cuanto antes. Dicho sea de paso, la opción de votar nunca puede ser tomada como una mala noticia, aunque sea en unos comicios lejanos e incómodos como los estatales, y aunque exista una línea de discurso insistente en remarcar el hastío de una ciudadanía a la que precisamente se intenta inhibir, desmovilizar, despolitizar.

Para las fuerzas vascas, además, este 26J brinda una opción inesperada de remediar los errores palmarios del 20D y cuyo símbolo más claro, aunque no único, fue la pésima gestión de Aldaketa, la lista única al Senado en Nafarroa.

En resumen, no es hora de lamentar, ni siquiera de valorar; es hora de competir.