Políticas de seguridad que desplazan y desprotegen

La asociación Cimade de Ipar Euskal Herria, cuya labor consiste en asesorar y ofrecer defensa a las personas migrantes, hizo público ayer los datos sobre su actuación en 2015. En tiempos en los que la llegada de refugiados que huyen de la miseria y la guerra en sus países experimenta una notable escalada, es loable el trabajo que este tipo de organizaciones desarrolla de cara a intentar mejorar las condiciones de estas personas. Desde gestionar las solicitudes de asilo para regularizar su situación ante las desprotección a la que son sometidas por el Estado francés hasta la concienciación y visibilización sobre la situación en la que subsisten.

Una realidad difícil de sobrellevar no solo por la hostilidad con la que son recibidos en demasiadas ocasiones, sino también por los obstáculos que la propia Administración impone. En un momento en el que la mayoría de países europeos se afana en expresar públicamente la necesidad de dar una solución a la cuestión de los refugiados, en la práctica el Estado francés tiene muy poco de qué presumir. Uno de los ejemplos de su nefasta política se encuentra en el Centro de Retención de Hendaia, donde los migrantes en situación irregular pueden ser retenidos durante un máximo de 40 días para después ser enviados de vuelta a sus países, aquellos de donde salieron huyendo. El hecho de que el francés sea el estado europeo que menos peticiones de asilo acepta da muestra de una realidad que se ha visto agravada con las medidas de excepción establecidas tras los atentados de noviembre en París, aunque el control y la opresión vienen acrecentándose desde el ataque a “Charlie Hebdo”, hace justamente un año.

Unas políticas que no se han demostrado demasiado efectivas en su objetivo de garantizar la seguridad y que, en todo caso, han contribuido a agravar la situación de los migrantes. Retener y desplazar no puede ser garantía para quien busca refugio y supervivencia; tampoco para construir la convivencia en un país seguro.

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