El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, calificó de «ocupación» la situación de los territorios del Sahara durante su visita a los campamentos de Tinduf. Para Marruecos, utilizar ese término ha sido la puntilla que ha roto la espalda del camello. Y su respuesta no se ha hecho esperar. Ha anunciado la expulsión de decenas de miembros de la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara (Minurso, por sus siglas en francés), una medida interpretada como la antesala para dar por terminado ese mandato internacional que puso fin a la guerra entre el Frente Polisario y el reino alauí. Algo que para el representante saharaui en la ONU, Ahmed Buhari, significaría la vía más corta y segura para el reinicio de las hostilidades.

Están por ver las consecuencias que tendrá sobre el terreno la expulsión de los miembros de la Minurso, una misión que apenas ha sostenido el sentido de su nombre. Pero en el caso del Sahara, la diplomacia la demostrado ser un negocio moralmente corrupto en el que priman más la explotación pesquera y las vastas minas de fosfato que el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos y nacionales de los saharauis. La comunidad internacional ha sido cómplice con el afán marroquí de postergar sine die el ejercicio de la autodeterminación saharaui.

En efecto, la decencia lleva decenios en suspenso en el caso del Sahara. Los marroquíes, con la ayuda de franceses, israelíes y estadounidenses, invadieron a sangre y fuego el territorio de este pueblo milenario que vagó libre como el viento del desierto. Los obligó a vivir como refugiados en infrahumanos campamentos, creyó que sus valedores y su trabajo de lobby en la ONU terminarían por normalizar la ocupación, que cuarenta años de esa terrible injusticia quebrarían la voluntad colectiva, frustrarían a todo un pueblo. Pero el Sahara está determinado a ser libre, a seguir existiendo. Y mientras encuentra cuál es la mejor manera de hacerlo, su causa siempre será la de todos.