La acampada iniciada el pasado domingo en la Plaza Gipuzkoa en defensa de la salud y el futuro de las próximas generaciones, y en protesta por el proyecto de incineradora que ha repescado y acelerado la Diputación gobernada por PNV y PSE, fue ayer desalojada. Pero el movimiento Gipuzkoa Zutik aboga por mantener viva la movilización y manifiesta su voluntad de realizar asambleas diarias para seguir trabajando con el objetivo de paralizar el proyecto, que amenaza con generar graves problemas medioambientales y de salud, además de acarrerar un derroche presupuestario injustificable, más aún al acudir a la vía de la concesión privada.

Las movilizaciones de los últimos días, como la cadena humana que unió el Oncológico y la Diputación de Gipuzkoa, interpelan muy directamente a un Ejecutivo que ha convertido este asunto en su peculiar cuestión de Estado. Quienes rechazan la incineración como método de gestión de residuos apelan entre otras cosas al grave peligro que supone en materia sanitaria –argumento avalado por profesionales médicos– y abogan por un sistema más sostenible medioambientalmente. Tampoco entienden que un modo de gestión con tal rechazo social pueda imponerse blindando ahora una concesión para 35 años, con un coste previsto de 1.200 millones de euros, mientras se suprimen partidas de primera necesidad mucho menores, como la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI). Todas estas razones de preocupación son entendibles para cualquiera y deben tener respuesta de gobernantes que se precien de serlo.

Por contra, la reacción del Gobierno de PNV y PSE es la de la cerrazón. Por un lado, negando la existencia de evidencias científicas sobre las consecuencias de la incineradora sobre la salud pero, en la misma medida, sin ofrecer garantías de inocuidad. Por otro, acelerando por vía de urgencia y sin debate la próxima licitación de la incineradora. Y en último término, intentando quitar de la vista pública a quienes no están dispuestos a tragar con todo ello.