Publificar los servicios esenciales es urgente
Ha pasado ya un año desde que el Grupo La Pau dejará la administración de las ambulancia en Bizkaia y Araba a causa de las múltiples quejas por su negligente gestión. A pesar del cambio, Osakidetza no ha dado todavía ningún paso hacia una publificación del servicio y tampoco la prevén los presupuestos del próximo año. El reportaje que hoy publica GARA muestra la precaria situación del servicio en los tres territorios de la CAV y recoge las demandas de los trabajadores que abogan por la gestión pública.
Las ambulancias forman parte del servicio de emergencias. Un servicio que según la Organización Mundial de la Salud está considerado esencial, esto es, que debe funcionar todas las horas del día, todos los días del año. Es evidente que la naturaleza de un servicio de estas características está reñida con la búsqueda del beneficio, que es lo que mueve a las empresas privadas a gestionarlos. La contradicción entre ganancia privada y servicio público es manifiesta desde el primer momento y es lo que explica que haya tan pocas ambulancias en la CAV y que, como denuncian los trabajadores, tengan unas altísimas tasas de ocupación. Salta a la vista que un servicio esencial no se puede dirigir usando categorías de gestión de una empresa privada. ¿Qué sentido tiene hablar de productividad de una ambulancia o de un parque de bomberos? Ninguna. Si ha sido elevada es porque ha habido muchas crisis de salud, muchos accidentes o han apagado muchos incendios, eventos que apuntan a que las cosas no van bien. Cuanto más baja es la productividad de los servicios esenciales, mejor van las cosas. Pero la política de austeridad no podía permitir semejante dispendio en una sociedad que presume de avanzada, y llegaron los recortes y la privatización, con los nefastos resultados que relatan los trabajadores.
Hay suficientes ejemplos de que con las emergencias no se pueden escatimar medios; hay que estar preparado y tener reservas suficientes para afrontarlas. De ahí que resulte imprescindible que la Administración establezca ya una hoja de ruta para la publificación de todos los servicios esenciales.