La toma de posesión de Angel Toña del cargo de consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Lakua resulta cuando menos desconcertante. Su nombramiento fue anunciado por Lehendakaritza el pasado jueves, un día después de que la Sección Cuarta de la Audiencia de Bizkaia condenara a los miembros de la Administración Concursal de las empresas Fundifes, Otsaila XXI y Bator Gestión 2004, entre ellos al nuevo consejero, por no respetar el orden de pagos durante la liquidación, haciendo caso omiso reiteradamente a las resoluciones judiciales que les instaban a efectuar los pagos a la Seguridad Social y a los trabajadores. La condena consiste en reordenar esos pagos y la inhabilitación de 18 meses de los condenados para ser administradores concursales.

Lehendakaritza, cuando anunció su decisión de nombrar consejero a Angel Toña, quiso resaltar su trayectoria profesional y académica, vinculada a las relaciones laborales, así como que desde hace 14 años ha sido administrador judicial en varios procedimientos concursales. Sin poner en duda esa trayectoria ni su valía, no se puede obviar que los hechos por los que Angel Toña ha sido recientemente condenado entran de lleno en el ámbito de las competencias del Departamento del que desde ayer es responsable. Por eso resulta más que dudosa la idoneidad de ese nombramiento.

Tal vez Lehendakaritza desconocía la sentencia condenatoria de Toña, en caso contrario su designación para ese cargo tendría más difícil explicación, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno de Urkullu tiene un estricto Código Ético y de Conducta, que ha demostrado aplicar con rigor, difícilmente compatible con la asignación de un cargo como ese a una persona condenada por no respetar la legalidad, un código que además se refiere específicamente a la imputación en cualquier proceso penal o administrativo sancionador por acción de relevancia pública. No habrá en ello nada ilegal, pero difícilmente encaja en ese código ético.