En la cárcel de Zaballa apareció ayer ahorcado en su celda un preso de 32 años. Apenas llevaba un mes en la prisión alavesa y en ese corto periodo de tiempo había solicitado dos veces la visita de un sicólogo, sin que su petición hubiera sido satisfecha. Es el segundo preso que muere en Zaballa en lo que va de año, a los que hay que sumar los cinco reclusos que murieron el año pasado. Unos datos que confirman que no se trata de casos excepcionales y aislados, sino de una tragedia continua, sin que el Estado, responsable último de velar por la vida de los presos que se encuentra bajo su custodia, pongan los medios para evitar que este tipo de muertes se produzcan.
También ayer –una coincidencia fruto sobre todo de la desastrosa situación en las cárceles españolas–, en Madrid, los portavoces de ERC, JxCat, PNV, EH Bildu, CUP, Más País, Compromís, BNG, Geroa Bai y Més per Mallorca firmaron una declaración en la que denuncian la muerte del preso vasco Igor González, ocurrida hace diez días y emplazan al Ejecutivo español a terminar con la política penitenciaria de excepción que se aplica a las presas y presos vascos. Un emplazamiento amplio y plural que descubre el otro lado de la falta de atención a los presos y a sus derechos en el Estado español: el incumplimiento sistemático de la legislación penitenciaria ordinaria cuando se trata de prisioneros políticos vascos. Una política que supone un castigo añadido que afecta especialmente a los familiares y amigos de las personas presas y que sigue produciendo accidentes y costando vidas. Y ello a pesar de los profundos cambios que se han producido en la política vasca.
La situación en las prisiones españolas y la política penitenciaria que se aplica es responsabilidad directa del Gobierno español. Ha llegado el momento de que, además de palabras, asuma su responsabilidad y empiece a velar por la vida de las personas presas, de modo que el respeto a sus derechos sea norma y no excepción.