La situación en Ucrania se está descontrolando por momentos, con la toma de nuevos edificios públicos en Kiev y la propagación de las protestas a otras ciudades en principio afines a Víktor Yanukóvich. Algunas de las acciones protagonizadas por la multitud enardecida, como la ocupación del Ministerio de Justicia, han sido criticadas tanto por el Gobierno como por la oposición, y hay voces del Ejecutivo, como la de la ministra de Justicia, que han amenazado incluso con declarar el estado de excepción, aunque el propio presidente lo ha descartado. Las dificultades que los portavoces oficiosos del bloque opositor, encabezados por el exboxeador Vitali Klitschkó, encontraron para lograr que los ocupantes abandonaran la sede ministerial son una muestra del desaforado comportamiento que está mostrando parte de los manifestantes, que a estas alturas cuentan con su propia hoja de ruta y parecen desdeñar cualquier oferta gubernamental.

A este respecto, aunque las multitudinarias protestas se han presentado, de forma demasiado simplista, como un choque ideológico entre «las dos mitades de la sociedad ucraniana», una proeuropea y la otra cercana a Rusia, lo cierto es que en este conflicto se mezclan diferentes causas e intereses, entre los que no faltan los económicos y, sobre todo, la lucha por el poder entre los sectores oligárquicos del país. Sin embargo, los promotores de este levantamiento quizá no hayan calculado sus derivadas y la posibilidad de que su creación pueda acabar devorándolos también a ellos.

Y es que las movilizaciones de Kiev y la actitud que en las últimas semanas han mostrado Gobierno y oposición han propiciado un contexto político y social inflamable en el que han medrado fácilmente grupos de extrema derecha que, camuflados bajo el eufemismo «nacionalista», están abocando a las partes a un punto de difícil retorno. Son ellos los principales beneficiados de un enfrentamiento cuyo desenlace es difícil de adivinar y que ya empieza a preocupar a este y a oeste.