El presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, acaba de reconocer oficialmente a la viuda de un desaparecido durante la guerra de independencia de Argelia y delatar con ello que existió un sistema legalmente establecido de tortura institucionalizada. Esa lacra permitió, entre otras cosas, las desapariciones de argelinos, vinculados o no a la resistencia. Más de medio siglo ha necesitado París para reconocer finalmente su responsabilidad en la práctica de la tortura y lo ha hecho además admitiendo, aunque sea implícitamente, su carácter de política de Estado.

Un reconocimiento que llega unos días antes de que en Euskal Herria se cumpla el 25 aniversario de la muerte en comisaría de Gurutze Iantzi, coincidente en el tiempo con la de Xabier Kalparsoro. Fallecieron mientras permanecían detenidos por la Guardia Civil y la Policía española. Este año trae una novedad: por primera vez se ha certificado oficialmente la lacra de la tortura en Euskal Herria, con un carácter igualmente sistemático e institucionalizado, porque no se entienden de otro modo los 4.113 casos documentados en el informe dirigido por Paco Etxeberria para el Gobierno de Lakua, en un recuento que sigue en la CAV y se inicia ahora en Nafarroa.

En este contexto, todo apunta a que la modificación de la ley de víctimas del Parlamento de Gasteiz pactada por Lakua y Madrid abrirá la puerta a reconocer a los torturados pero evitará señalar a los torturadores. Un modo poco sutil de correr un velo sobre los ejecutores, pero también sobre el sistema institucional que lo hizo posible, algo que sitúa a España en Euskal Herria aún lejos del punto en que Francia pasa a ubicarse respecto a Argelia.

Con todos sus vacíos e indefiniciones, será un avance que una ley admita por fin esos mal llamados abusos policiales. Pero, de la misma manera, habrá que seguir exigiendo una aceptación gubernamental de lo que simplemente es la verdad histórica, los hechos puros y duros.