El vicepresidente de Nafarroa, Miguel Laparra, acompañado de representantes de los cuatro partidos que firmaron el Acuerdo Programático, presentó ayer las principales características de la nueva Ley Foral de Derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada de Nafarroa. Una propuesta que, aunque no cuantificó el gasto que supondrá, sí confirmó que superará ampliamente el montante recogido en el acuerdo firmado.

El proyecto contiene numerosas novedades cuyos resultados habrá que ir valorando en la medida en que se ponga en práctica la ley. La primera está en la definición, puesto que la propuesta reconoce como diferentes dos derechos: el derecho a la inclusión social y laboral, es decir, el derecho al trabajo, y el derecho a una renta garantizada. La ley, además, reduce y simplifica el número de requisitos a cumplir para recibir ayudas, lo que permite flexibilizar su aplicación y facilitar el acceso a las personas en situación precaria. Otra de las novedades es que contempla la posibilidad de compatibilizar –dentro de ciertos límites– el cobro de prestaciones con otros ingresos por pensiones o trabajo, integrando diferentes prestaciones en una única ley. Asimismo, la ley incrementa los límites de las ayudas, favoreciendo a las personas que más se han empobrecido estos últimos años, especialmente a las familias con hijos menores a cargo, lo que constituye una importante herramienta contra la pobreza infantil.

Una última novedad versa sobre el modo en el que se actualizarán las cantidades a cobrar. La propuesta contempla la posibilidad de utilizar el mayor entre dos indicadores: el habitual índice de precios al consumo y la variación del salario medio de Nafarroa. Ninguno de los dos ha aumentado sustancialmente en los últimos tiempos, pero la inclusión del segundo indica una clara voluntad política de repartir la riqueza que se crea en la sociedad, también con las personas en riesgo de exclusión y pobreza. Toda una declaración de intenciones en estos tiempos de recortes de derechos sociales.