La valoración «muy positiva» sobre el Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 realizada ayer por el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno de Gasteiz, Jonan Fernández, resulta un tanto excesiva si miramos el escaso avance en los trabajos diseñados en dicho programa. No es trabajo fácil, sin duda, y en cierta medida es lógico que se avance lentamente. El problema es que en algunos temas la razón de dicho estancamiento es el veto del PP, veto que en cierta medida el Ejecutivo de Lakua ha asumido. También tiene sentido que se traslade una imagen positiva de esta labor a la sociedad, especialmente cuando por parte de las fuerzas unionistas y del Gobierno de Madrid existe una voluntad expresa de plantear que este esfuerzo en favor de la paz y de la convivencia es cuando menos innecesario. Frente a políticas que buscan generar frustración, es positivo que las autoridades vascas trasmitan la relevancia del momento y el compromiso de las instituciones por avanzar.

Lo que no es demasiado razonable es que algunos de los principios defendidos ayer por Jonan Fernández colisionen con los planteamientos del lehendakari Iñigo Urkullu. Fernández reivindicaba ayer la unilateralidad, en el mismo sentido en el que la planteaba, por ejemplo, la Fundación Joxe Mari Korta la semana pasada, en clave de compromisos y liderazgo. Sin embargo, Urkullu renuncia expresamente a esa idea y plantea constantemente un esquema de bilateralidad con Madrid, aunque sea a costa de derechos. Y el objetivo final debe ser «todos los derechos para todas las personas».

Tampoco resulta aceptable que algunos de los trabajos planteados como positivos en ese plan choquen tan claramente con la realidad, como en lo relativo al «compromiso de la Ertzaintza con la convivencia». Si mientras Fernández habla en sede gubernamental en la calle hay policías que sancionan tatuajes del símbolo de amnistía, como ha ocurrido esta semana, la credibilidad de dicho plan sufre. En este tema, también, es lógico actuar en positivo y es positivo actuar con lógica. Y con nivel.