¿Seguirá el interesado sin darse por aludido?

En su informe de evaluación del Estado español sobre la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, el Consejo de Europa pide medidas para garantizar por ley que en Hego Euskal Herria se puedan celebrar los juicios en euskara si así lo pide una de las partes. Los expertos que han elaborado el informe reclaman, asímismo, que se facilite el uso del euskara en los servicios sanitarios y sociales. En el caso concreto de Nafarroa, además, ve preciso «eliminar los obstáculos» que la zonificación supone para el uso del euskara en esa comunidad. También se refiere, con «profunda preocupación», a las sentencias judiciales que imponen un mínimo de clases en castellano, y repara en que la situación de las lenguas minorizadas ha empeorado debido a medidas que obstaculizan el cumplimiento de la Carta.

Es muy posible que buena parte de la judicatura tome a broma dicho requerimiento, a tenor de su actitud más habitual con respecto al euskara y la reiterativa «ofensiva judicial» con la que viene arremetiendo contra las medidas de protección del euskara por considerarlas contrarias a la Constitución española e incluso perjudiciales para el castellano. Está por ver si en adelante el Estado se da por aludido, ya que el informe del Consejo de Europa no es sino una muestra más del empeño de un Estado en el incumplimiento de ciertos acuerdos que él mismo ha firmado.

La Carta Europea de Lenguas regionales y Minoritarias no afecta al Estado francés, ya que no es firmante de la misma, algo de lo que parece hacer gala. Ayer mismo tomó su cargo como ministra de Educación Anne Genenet, una de las diputadas y diputados que en abril de 2021 recurrieron al Consejo Constitucional la llamada ley Molac, aprobada en el Parlamento por abrumadora mayoría y que contemplaba el modelo educativo de inmersión. El resultado fue una sentencia que declaraba ese modelo contrario a la Constitución francesa.  

A estas alturas, poco extraña ese nombramiento en un Gobierno pensado por Emmanuel Macron para garantizar su continuidad en la Presidencia, aun a costa de fortalecer a la ultraderecha a la que supuestamente quería cerrar el paso.

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