La Mesa del Pacto de Salud de la CAV acordó esta semana los principios y valores que deben regir el sistema sanitario, aunque lo logró con «más debate del previsto», según admitió el consejero de Salud, Alberto Martínez. No es fácil imaginar qué nivel de debate esperaban en un tema tan crítico. La gente ha visto cómo se desbarataba Osakidetza, ha padecido la falta de previsión de Lakua y ha escuchado justificarlo todo negando la realidad. Como para que no genere un fuerte debate.

Nadie niega ya que hay problemas en Osakidetza, aunque se evita nombrar las causas y a los responsables. Si se compara con posturas oficiales previas, es un avance. Sin embargo, algo falla cuando Martínez sostiene que «no hay argumentos sólidos» para las manifestaciones que ayer en Bilbo, Gasteiz y Donostia defendieron la sanidad pública.

El Gobierno de Imanol Pradales ha entendido que no se puede estar regañando constantemente a la sociedad y diciéndole que no le pasa lo que le pasa cuando acude al servicio de salud. No obstante, Lakua cree que el problema es sobre todo de percepción social. Claro que la otra opción sería admitir la desconexión del Gobierno respecto a la realidad social.
 
En este contexto, Lakua revierte medidas como el cierre del Punto de Atención Continuada (PAC) de San Martín, en Gasteiz, que ayer se reabrió tras cinco años. No se desdice de los argumentos utilizados para cerrarlo ni desautoriza a quienes lo hicieron. Lo hace atendiendo a la demanda social, lo que no es poco y contradice a Martínez. Movilizarse funciona.  

Un cambio cultural imbricado en lo material

Los problemas que tiene el sistema de salud público demandan medidas de fondo, no solo aparentes. Todo el entramado institucional-empresarial de la sanidad vasca está engrasado pero chirría. Su gobernanza no cumple con los estándares mínimos de transparencia, en gran medida porque reparte de forma concertada grandes presupuestos de origen público y maneja información privilegiada que genera dividendos a quienes la reciben de primera mano.

Hay diferentes grados de beneficios, por supuesto. No es lo mismo tener prioridad para un puesto que saber qué áreas tendrán o no un desarrollo presupuestario y necesitarán de empresas de servicios. La cultura institucional a la que responden esos funcionamientos es común, perversa e ineficaz.

Por ejemplo, el nivel de desarrollo de estructuras parapúblicas –da igual que lo sean porque tienen estatutariamente ese carácter o porque serían completamente inviables sin dinero público–, ha generado un clientelismo que resulta ingobernable. Sin revertir ese sistema no se podrá reflotar Osakidetza. Hacerlo tendrá costes que hay que aclarar y asumir.

Todo indica que solo con dinero no se puede solucionar ya la situación de Osakidetza. Ha habido una falta de previsión tal que, junto con medidas de fondo, hacen falta plazos realistas. Eso implica una legitimación que debe ser compartida y consensuada.

 Al mismo tiempo, está claro que hay un problema de financiación al que no se puede responder sin repensar la fiscalidad. Si no hay voluntad de acometer una mínima reforma fiscal, si lo público se responsabiliza de lo costoso y lo privado de lo rentable, si se renuncia al dinero de impuestos como el condonado al oligopolio de las empresas energéticas y si se acepta el chantaje de todos los lobbys parasitarios que bajo la bandera de la «cooperación público-privada» multiplican beneficios rebajando servicios y condiciones laborales, no hay forma de cuadrar un presupuesto serio y viable para la sanidad pública.

Ahora que se entra en la tercera fase del Pacto de Salud y hay que debatir estrategias, es en estos puntos de carácter cultural y material en los que se deberá mostrar verdadera voluntad de cambio.