Sin asumir la tortura, mejor que se rindan en la batalla del relato

Los estrategas que idearon que «la batalla del relato» era el terreno en que derrotarían de una vez por todas al independentismo vasco se creyeron sus propias mentiras y calcularon mal. Desvirtuaron de tal manera los parámetros históricos y políticos del conflicto vasco, menospreciaron tanto el factor humano, que pensaron que un par de novelas maniqueas y una superproducción amortizarían el proceso histórico abierto por ETA hace 10 años.

De tanto decirlo, quisieron creer que la tortura habían sido casos aislados, desmanes de unos pocos, no un sistema para adquirir ventaja militar y política. De tanto taparla, se olvidaron de su impunidad, de que ninguno de ellos había pagado por sus crímenes, mientras en el otro lado purgaban condenas de decenas de años. En muchos casos, sentencias que son consecuencia de testimonios sacados bajo torturas.

Pensaron que, pese a haber más de 40.000 personas detenidas bajo la «ley antiterrorista», con más de 9.000 personas presas, se podía ocultar lo sufrido. Y que las bestias que durante días y noches se dedicaron a moler a palos, asfixiar y violar a más de 5.000 ciudadanos vascos irían muriendo en silencio en sus retiros de lujo.

Y aquí estamos. En 2021, espeluznados como sociedad, escuchando audios de hace tres décadas, confesiones de cómo ejercieron la tortura de manera metódica y despiadada. Y eso a pesar de la sordina que han puesto los medios que defendieron que la tortura no existía, que respondía a un manual de ETA. Esa tesis está en la hemeroteca, junto con el vacío del relato de los torturados. Aún se permiten dar lecciones de moralidad y de deontología quienes hicieron su carrera empotrados, difundiendo versiones oficiales, cobrando y filtrando mentiras, negando los hechos. También quienes reprodujeron el marco de «demócratas y violentos», mirando para otro lado cuando la violencia se ejercía en su nombre y con uniforme, bata o toga.

Una nueva generación de vascos y vascas, esa que dicen que no consume periódicos pero sí videos y audios, ha escuchado masivamente la voz de esos criminales impunes. Ha escuchado a Pedro Gómez Nieto explicar con detalles cómo hay que torturar. La sociedad vasca le ha puesto cara a “El Alemán” porque no se tapa, y escribe ufano sobre tortura e Inteligencia en su exilio dorado en Honduras, tras haber sido ascendido repetidas veces hasta llegar a ser teniente coronel.

El caso particular muestra el sistema que, con el Gobierno de Felipe González y de la mano de Enrique Rodríguez Galindo, tuvo en Intxaurrondo un germen renovado y sofisticado. Una estrategia vigente hasta la pasada década. Impunidad, seguida de protección y beneficios, acompañada de premios que paguen el silencio. En nombre de España, contra la disidencia vasca. No solo contra ETA, sino contra una gran parte de la población vasca, que ha vivido bajo ese riesgo permanente.

Esta semana ha quedado patente el desamparo que han sufrido los y las torturadas por parte de la administración vasca, que en diferentes grados participó de ese sistema. Al no hablar, por ejemplo, de este escándalo.

Un gesto importante, a falta de otros muchos

En este contexto, el viernes se estrenó la película “Non dago Mikel?” precisamente sobre la muerte de Mikel Zabalza. A la cita en Madrid acudió el vicepresidente español Pablo Iglesias, que denunció la «utilización procesal» de la tortura y señaló directamente al cuartel de Intxaurrondo. Es un hecho insólito, de un valor político muy importante. Es parte de las pugnas internas del Ejecutivo de coalición, sin duda, pero no deja de ser un gesto relevante.

Tristemente, el mismo día el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, estaba en Gasteiz acompañado del delegado del Gobierno en la CAV, Denis Itsaso, y ambos callaron. Nadie puede obviar que se trata del juez que más condenas ha recibido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar la tortura. Tampoco la relevancia de la figura del delegado de Gobierno en la trama criminal de Intxaurrondo. Ni el papel del PSOE.

Tal como han explicado diversos expertos internacionales desde 2011, la justicia transicional ofrece un marco constructivo en este ámbito, tanto desde el punto de vista de los derechos humanos como desde la resolución del conflicto. Implica, entre otras cosas, reconocer el daño causado y la responsabilidad política. Es fácil pedírselo al resto, no tanto hacerlo uno mismo. Si no se está dispuesto, es imposible construir un relato veraz.

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