El Parlamento de Gasteiz rechazó ayer una propuesta de ley impulsada por EH Bildu cuyo objeto era dificultar la deslocalización de empresas multinacionales. Para ello proponía establecer por ley el requisito de que las compañías que trasladen al exterior más del 50% de su producción devuelvan todas las ayudas públicas que hayan recibido durante los diez años anteriores. Una propuesta lógica, sensata, que promueve un uso de los recursos públicos en beneficio del país y que, además, está vigente en Bizkaia. A pesar de todo ello, fue rechazada por PNV, PSE y PP.

Los argumentos utilizados para impugnarla fueron discutibles. En primer lugar, subrayaron que las líneas de ayudas ya incluyen cláusulas de ese tipo. Sin embargo, no es comparable la garantía que ofrece un marco general que abarca todo tipo de ayudas y periodos temporales con cláusulas concretas en diferentes decretos que van variando en función de la ayuda o del momento de su aprobación. Asimismo, como argumentó Podemos, tampoco ofrece la misma seguridad jurídica, tanto para la Administración como para las empresas, la existencia de una definición general de lo que se entiende por deslocalización que permita evitar interpretaciones diferentes y pleitos innecesarios. Por último, apelaron a la competitividad de las empresas, que siempre se entiende en un sentido cuantitativo: cuanto menos gastos, más barato se puede vender un producto y por tanto más competitiva es una empresas. Pero una competitividad lograda a base de recortar derechos y empeorar las condiciones de trabajo tiene cada vez menos recorrido en un mundo globalizado. La que ofrece futuro es aquella que tiene en cuenta los aspectos cualitativos y busca ofrecer un producto mejor. Algo que parece muy difícil de entender para los neoliberales.

Rechazar una propuesta que clarifica el marco general y vela por un uso adecuado de los recursos públicos solo puede entenderse desde el cálculo mezquino de no dar una victoria al oponente político.