Las dolencias incurables que sufren doce presos vascos gravemente enfermos que han sido detalladas en un informe hecho público por Etxerat muestran una situación escalofriante que perturba a cualquiera que respete la dignidad y la integridad humana. Espeluzna por lo que refleja: el empecinamiento de un sistema penitenciario en llevar la venganza hasta límites insospechados, el deseo de causar tanto dolor y sufrimiento que haga inviable una vida digna, aunque sea entre muros y rejas. Se trata de una muestra siniestra de poder ilimitado ejercida sobre las personas presas que es impropia de cualquier sistema penal decente.

La política carcelaria que se aplica a las vascas y vascos encarcelados, demás de ser una práctica aberrante y cruel, pretende instalar este país en la «normalidad» de vivir bajo ataque, en la excepcionalidad más implacable, con un sistema cuyo objetivo es humillar y deshumanizar, vaciar de confianza y liquidar la voluntad colectiva del pueblo vasco. Y es que no es por ausencia de soluciones legales ni por falta de antecedentes, donde en casos similares se ha acordado siquiera la prisión atenuada, por lo que estos presos y sus allegados están sufriendo tanto. Al contrario, desde la declaración del adiós a las armas por parte de ETA, de las catorce peticiones de libertad condicional solo se ha concedido una por enfermedad en estado terminal. Y para más crueldad, posteriormente ha sido revocada. Utilizar el dolor que genera esa estrategia penitenciaria, que aúna venganza y chantaje a partes iguales, está guiado por el cálculo político más mezquino. El Gobierno español cree que cuando más tiempo mantenga esa situación, sin liberaciones que humanicen la solución, más se tardará en abordar los nudos del conflicto y sus raíces políticas.

Frente a esta pretensión, corresponde a todos buscar fórmulas para no permitir que Madrid siga causando más daño. Ni a los presos, ni a sus familiares, ni a nadie. Eso debe diferenciar el futuro del pasado. Por ello, liberar a estas personas es de una urgencia vital.