Las condiciones de vida de las personas sin hogar, duras ya de por sí por motivos obvios, se agravan notablemente en periodos de intenso frío como los actuales. Ocurre cada invierno, pero el aumento de la gente que vive en la calle escala la dimensión del problema. Las causas de este aumento escapan a la acción de los ayuntamientos, pero son ellos quienes deben lidiar con sus consecuencias.

Todos están desbordados, aunque hay notorias diferencias en el modo de abordar esta emergencia. El concejal de Acción Social de Iruñea, Txema Mauleón, reconoció ayer sus límites y lamentó que llegan hasta donde llegan, pero explicó que dedican 1,6 millones de euros a la materia y que han triplicado las plazas disponibles desde que llegaron al Ayuntamiento hace dos años. Las plazas llegan ahora hasta las 205 en situaciones de emergencia climática. La respuesta en Donostia parece caminar en sentido contrario, según denunció ayer Harrera Sarea, que criticó que el albergue de La Sirena se abra solo durante cuatro días, en condiciones paupérrimas  y con solo 40 plazas. La red solidaria recordó que en los últimos meses han muerto dos personas sin hogar, lo que no ha llevado al Ayuntamiento a tomar alguna medida. No al menos en la dirección esperada. El nuevo alcalde, Jon Insausti, anunció ayer que acelerarán el derribo de unos pabellones en los que duermen varias personas sin otro techo. El primer edil alegó «importantes problemas de convivencia». Conviene no negarlos, pero pensar que van a desaparecer por desalojar a personas es un pensamiento tan mágico como peligroso.

Los Gobiernos de Nafarroa y Lakua no pueden abstraerse de su responsabilidad, tanto a la hora de dotar de recursos a los municipios como a la hora de presionar en instancias superiores para actuar contra la raíz del problema. Pero esto no puede ser una excusa para que los ayuntamientos no hagan nada. Dentro de sus competencias y capacidades, deben hacer lo que esté en su mano para paliar una situación humanitaria grave. El primer paso no cuesta dinero, pero es crucial: reconocer como vecinas de pleno derecho y dignidad a aquellas personas que viven en las calles de las ciudades vascas.