El Tribunal Supremo español ha avalado la decisión del magistrado Pablo Llarena por la que, en la causa abierta contra representantes políticos catalanes por intentar sacar adelante el proceso soberanista, no aplicó la amnistía al delito de «malversación» por el que sigue imputando al expresident Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. Los magistrados alegan que el fallo de Llarena «no contraviene la voluntad del legislador», pese a ser público y evidente que la amnistía fue acordada entre la mayoría del Congreso para resolver la situación de los represaliados, incluidos los exiliados. Aunque admite que el proceso no supuso enriquecimiento alguno para los políticos catalanes, el Supremo defiende que la acusación de malversación «no es extravagante» porque Llarena estableció que si no hubieran gastado ese dinero dentro de sus funciones públicas lo habrían puesto de su bolsillo, por lo que en el fondo sí se beneficiaron económicamente. Ambos argumentos son patentemente falsos y deberían ser considerados ejemplos paradigmáticos de prevaricación.

No por previsible la decisión del TS deja de ser un despropósito judicial y un escándalo político. Este fallo es parte de una larga tradición de instrumentalización de la justicia para ir contra las libertades políticas y los derechos civiles, para pervertir el Estado de Derecho. La judicatura ha sido central a la hora de reprimir a la disidencia política en el Estado español. Precisamente, el procés demostró que el argumento de que en el conflicto vasco el problema eran los medios –la violencia– y no los fines –la independencia– era una gran mentira. A pesar de ser un proceso impecablemente pacífico, se reprimió a los independentistas catalanes con los instrumentos que se habían experimentado en Euskal Herria.

Los conflictos como el vasco o el catalán no tienen otra salida que la negociación política y el respeto a la voluntad democrática de la ciudadanía. La represión, legal e ilegal, puede desviar ese camino y generar un sufrimiento injusto, y el ventajismo unionista puede retrasar ese objetivo legítimo, pero la mayoría social rencontrará ese camino antes o después.