Ayer concluyó el juicio contra el médico hazpandarra Nicolas Bonnemaison. El jurado popular lo absolvió de la acusación de dar muerte a siete pacientes, al considerar que en la actuación de Bonnemaison no hubo intenciónalidad criminal, sino una decisión médica. El propio fiscal había reconocido esa falta de intencionalidad y la calidad profesional del acusado; no obstante, solicitó una condena de cinco años porque, según dijo, aunque actuó con criterios médicos, se equivocó.

El argumento del fiscal para llegar a esa conclusión era el incumplimiento de la ley. Sin embargo, gran parte de la ciudadanía de Euskal Herria, el Estado francés y cualquier sociedad considera que Bonnemaison no se equivocó, como otros consideran que sí, lo que supone un conflicto que no puede ser abordado con la aplicación automática de una ley que no ha evolucionado con la sociedad a la que se debe. Una sociedad con diferentes puntos de vista y diferentes condicionantes, como refleja la situación creada tras la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo de suspender la sentencia del Consejo de Estado francés favorable a detener la alimentación artificial a un enfermo vegetativo, precisamente por esa diferencia de percepciones, existentes incluso en el seno de las familias de los enfermos. Las leyes permiten o prohíben, pero son instrumentos al servicio de los ciudadanos. El derecho a la vida es un derecho fundamental, indudablemente, pero también lo es el derecho a la muerte digna y con el menor sufrimiento posible, y de lo que se trata es de conciliar ambos. Cuando una ley crea conflicto en lugar de evitarlo, ha de adecuarse a la realidad.

El debate que el proceso contra Bonnemaison ha     reabierto puede resultar incómodo, pero no abordarlo puede ser perjudicial, como el médico vasco, entre otros, bien sabe. Tras el juicio, queda la pregunta de si era precisa la caza de brujas sufrida por ese médico para abordar un debate incómodo pero necesario.